Los legisladores derogaron la Ley de Caducidad, norma que veta la investigación del pasado, sin atender que una decisión semejante ya fue rechazada en dos referendos populares en 1989 y 2009. Según varios medios internacionales, Uruguay pagara costos politicos y empezaron con renuncia de un senador, varios títulos en la prensa internacional habla de los soberanos no fueron escuchados por los que el pueblo los eligió osea el senado contradijo la voluntad popular y no queda en claro si la constitución es respetada y que influencia tienen los organismos internacionales con sus acuerdos con el Uruguay.
Los soberanos empiezan a creer mas en el voto en blanco
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Una nueva ley que permitirá investigar sin excepción los crímenes de la dictadura en Uruguay (1973-1985) abre una luz de esperanza para las familias de las víctimas, pero choca con la voluntad popular, al hacer caso omiso de dos referendos que trataron de zanjar la cuestión en el pasado.
En un hito histórico, el Senado uruguayo ratificó este martes el proyecto de ley interpretativa aprobado en octubre pasado por la Cámara de Diputados para invalidar la norma que dejó impunes las violaciones a los derechos humanos en el gobierno de facto.
La Ley de Caducidad, también llamada "Ley de Impunidad", fue aprobada en 1986 y ratificada en dos referendos en 1986 y 2009.
Entre otras cosas habilitó al Ejecutivo para decidir qué casos deben ser juzgados, un aspecto tildado de inconstitucional porque atenta contra la separación de poderes y que fue usado por el ex presidente Tabaré Vázquez (2005-2010) y el actual mandatario,José Mujica, ambos del izquierdista Frente Amplio (FA), para reabrir varios procesos, algo que no habían hecho sus antecesores.
La labor de Vázquez y Mujica no impidió, sin embargo, que el 24 de marzo pasado laCorte Interamericana de Derechos Humanos condenara a Uruguay por la desaparición en 1976 de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman y por la supresión de identidad de la hija de ésta, Macarena Gelman, un caso emblema de la dictadura.
En opinión del abogado José Luis González, ex representante de Gelman, lo sucedido este martes en el Senado "es la consecuencia de una histórica discusión acerca del contenido y la vigencia de una ley que desde sus inicios ha sido cuestionada y que ahora se ve condicionada por la resolución" de la corte interamericana.
El letrado admitió que la ley aprobada este miércoles "puede ofrecer reparos desde un punto de vista técnico, pero no así desde el punto de vista de los objetivos de la Justicia".
En cambio, para el especialista Alfonso Lessa, autor de varios libros sobre la dictadura, la decisión del Senado "rompe con una tradición uruguaya muy fuerte, respetar los pronunciamientos populares".
Lessa se pregunta también por qué el FA invalida ahora la Ley de Caducidad, después de legitimar el referéndum de 2009. "Si había tantos elementos de peso para anular la ley por qué se realizó la segunda consulta", manifestó.
Según una encuesta difundida en noviembre pasado por la consultora Cifra, el 54% de los uruguayos está a favor de mantener la Ley de Caducidad y solamente el 33 por ciento está en contra.
El experto alertó también sobre el costo político que la medida puede tener para el Frente Amplio, donde ya ha levantado algunas ampollas. En la Cámara Baja, varios diputados oficialistas votaron a favor de la nueva ley por mera disciplina partidaria, mientras que en la Cámara Alta, el proyecto estuvo a punto de fracasar por la negativa de tres senadores para respaldarlo.
Al final, sólo Jorge Saravia, separado por su postura de la corriente del FA que lo postuló, el Espacio 609, votó este miércoles en contra, mientras el ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa cedió el escaño a su suplente para no tener que sufragar, y su colegaEleuterio Fernández Huidobro lo hizo tras anunciar que renuncia a su banca.
Fernández Huidobro perteneció, al igual que el presidente Mujica, a la guerrilla tupamara, que en los años sesenta y setenta del siglo pasado combatió gobiernos constitucionales y al de facto. Tras pasar por la cárcel, los tupamaros fueron amnistiados, y en el seno de la izquierda han sido los menos partidarios de remover el pasado.
La ley que acaba de recibir luz verde, argumenta Lessa, "responde a presiones de grupos internos" del heterogéneo bloque oficialista, "minoritarios, pero con mucha capacidad de movilización".
Además, el proyecto aprobado "genera dificultades extra a Mujica en su relación con las Fuerzas Armadas", y llega después de que los represores "más simbólicos" fueran a parar a la cárcel, como el militar José Nino Gavazzo y los ex dictadores Gregorio Álvarez (1981-1985) y Juan María Bordaberry (1973-1976).
Lessa cree, asimismo, que en el futuro "va a haber una gran cantidad de pedidos de inconstitucionalidad" contra la nueva normativa, "lo cual es un peligro enorme para el oficialismo, porque ya no les quedarían más vías" si esta última fracasa. Ese último escenario dependerá de lo que opine la actual Suprema Corte de Justicia, varios de cuyos miembros fueron nombrados ya con la izquierda en el poder y que en el último año y medio han declarado inconstitucional la Ley de Caducidad para tres casos distintos.
