La polémica construcción en la Amazonía de la hidroeléctrica de Belo Monte, que esta semana obtuvo la licencia de obras definitiva, fue abordada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por organizaciones brasileñas que se oponen al proyecto.
Según un comunicado emitido en Brasil, las organizaciones Conectas, Justicia Global y Sociedad Paranaense de Derechos Humanos (SDHH) alzaron sus voces en oposición al proyecto en la sesión del consejo celebrada en Ginebra.
"Expresamos nuestra preocupación con la actitud del Gobierno brasileño hacia las medidas cautelares de la Comisión de Derechos Humanos en beneficio de las comunidades afectadas por la obra", dijeron los representantes de los organismos en su presentación en Ginebra, de acuerdo con el comunicado.
"La construcción de la usina de Belo Monte amenaza impactar inevitablemente la vida y la integridad de 24 pueblos indígenas, ribereños y agricultores que viven allíteniendo en cuenta el desplazamiento forzado y la inseguridad alimentaria e hidrológica con la pérdida de agua potable o el aumento de las enfermedades", se agregó en la nota.
Las organizaciones que se oponen a las obras recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió la paralización de las obras por esos mismos motivos.
"El gobierno brasileño viene ignorando sistemáticamente alertas de la comunidad científica, de la sociedad civil organizada, ambientalistas, pueblos indígenas, fiscalía y organizaciones de derechos humanos", aseguró Roberta Amanajás, abogada de SDDH.
Según Amanajás, la licencia de obras que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) concedió el pasado miércoles a la obra supone que "Brasil pasa por encima de la CIDH, el principal órgano de protección de los derechos humanos de las Américas" "¿Cómo un país puede defender después posiciones de fortalecimiento de organismos multilaterales y de consenso sobre derechos humanos, si él mismo los viola sistemáticamente, como en el caso de Belo Monte?", se interrogó la letrada.
La planta, que se levantará en el estado de Pará, tendrá una capacidad máxima de 11.233 megavatios y será la tercera más grande del mundo, después de la china de las Tres Gargantas y la paraguayo-brasileña de Itaipú.
Grupos de indios y campesinos que viven en la zona han denunciado que las obras desplazarán a unas 50.000 personas que residen en áreas que serán inundadas y a las que el Gobierno todavía no ha ofrecido alternativas.
La Fiscalía de Pará presentó varios recursos para detener el proyecto alegando que las licencias han sido concedidas de forma apresurada, sin tener en cuenta los estudios que alertan de graves peligros para la fauna, la flora y la calidad del agua del Xingú, afluente del Amazonas.
La sesión en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU coincide con la aprobación de una licencia para otra instalación hidroeléctrica, la de Santo Antonio do Jari, con capacidad de 373,4 megavatios en la ribera del río Jari, entre los estados de Pará y Amapá.
