Consultada por Espectador.com, la Dra. Virginia Cervieri, señaló que la campaña comenzó hace un mes y que, por semana, se visitan unos 25 hogares. “Por ahora el criterio de requisa es: una persona, un aparato por hogar”, explicó la abogada, al tiempo que añadió que, “una vez realizada la visita y el interrogatorio para que el infractor informe quien se lo instaló y a quién se lo compró”.
Cervieri entiende que “detrás de esas 25 personas hay 3 o cuatro más”, lo cual hace que el operativo “empiece por el espectro más grande para llegar al instalador y a quién lo esta vendiendo luego”.
“En Uruguay tenemos una ley que penaliza el robo de señales. Estamos con una operativa a dos niveles. Tenemos decodificadores de venta libre, que lo que hacen es captar señales en forma ilegal”, o sea, “señales codificadas que estos equipos las decodifican”.
Por tanto “lo que tenemos es una violación en dos órdenes: a los derechos de autor, y a la ley de hurto de señales”, señaló Cervieri.
Los aparatos “se compran en negocios legales porque están hechos para captar señales gratuitas”. En Uruguay el uso que se le da, principalmente, “es para las personas que viven en campaña y sin estos equipos no pueden ver canales abiertos”, explicó la abogada, la cual acotó que cuando el decodificador se utiliza “para cargarle un software que, con la capacidad del aparato, permite decodificar, ahí comienza la ilegalidad”.
La ley es clara y establece que “la pena es para el caso del usuario que esta en la casa y capta la señal”. De todas formas “la comercialización e instalación con estos fines son delitos que conllevan penas de cárcel, además de la incautación del aparato”, sentenció Cervieri.
Fuente El Espectador
